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Incremento patrimonial no justificado PT.2

¿Cómo funcionan las presunciones?

Los impuestos presentan una situación de intereses contrapuestos entre el Estado y los contribuyentes:

  • El Estado vive de los impuestos, porque casi todo gasto o inversión pública, de manera directo o indirecta, se paga con la recaudación de impuestos.
  • Los contribuyentes no reciben ningún beneficio directo[1] a cambio del pago de sus impuestos[2].

A esta situación se le añade que los contribuyentes son millones y los actos tributables aún más, por lo que la capacidad de SUNAT de controlarlos es extremadamente limitada (mire los números de la informalidad). 

Ante esta combinación de alta relevancia y baja capacidad de control, la ley crea una herramienta de control para SUNAT: presunciones. Es decir, en el caso concreto, “no sé si has tenido renta o no, pero si se da la situación A ó B, la ley asume que sí, y le permite a SUNAT liquidar impuestos, como si hubiera probado que efectivamente usted dejó de pagar impuestos”.

  1. Carga de la prueba

Lo primero a tener en claro es que son presunciones que “admiten prueba en contrario”, obviamente la carga de la prueba recae en el contribuyente, y lo único que debe probar SUNAT es que usted ha incurrido en el supuesto de la presunción.

Para tenerlo claro, una vez que usted ingresa dinero en su cuenta bancaria (entre otros casos), usted está “cuesta arriba”, es decir, usted debe probar que NO es una renta gravada.

Pero CÓMO se prueba, eso lo veremos en la siguiente cápsula. La que dividiremos en 2:  cómo se prueba y cómo no se prueba, parece un juego de palabras pero no lo es, la ley tributaria establece diversas situaciones que NO funcionan como pruebas contra la presunción, es decir, produce el Incremento Patrimonial NO Justificado (IPNJ).

  • Presunciones de Incremento Patrimonial

Hay 2 métodos para determinar el IP que requiere ser justificado:

  • Variación Patrimonial más consumo

Se toma en cuenta el PATRIMONIO[3] al 1 de enero y al 31 de diciembre de un ejercicio, a dicho monto se suman los consumos.  La suma de ambos montos es el IP a justificar.

Este método lo he visto usar MUY poco.

  • Suma de Adquisiciones y Desembolsos

Se toma en cuenta dentro del ejercicio[4]:

  • Abonos en cuentas bancarias
  • Adquisiciones de bienes
  • Pagos de tarjetas de créditos y otros pagos.

Este es el método más utilizado, debido a que basta realizar el cruce de información con el ITF[5] y la información proporcionada por notarios y registros públicos para poder aplicar este método.

El éxito o alcance de este método dependerá de la capacidad de cruce de información de la SUNAT.  Tomando en cuenta la incorporación de la facturación electrónica[6] desde hace algunos años y la suscripción del CRS[7] como cruce de información financiera internacional desde el 2019, es previsible que el alcance para aplicar este método aumentará sustancialmente en los tiempos venideros.

Determinado el IP en base a alguno de estos métodos, corresponderá al contribuyente “justificarlo” de la forma en que trataremos en la siguiente cápsula.


[1] Se conocen como tributos NO vinculados, es decir, el Estado no tiene que hacer ninguna actividad ni tiene ningún compromiso con el contribuyente a cambio de dicho pago, más allá de los aplicables a todo gasto público.  Es decir, el contribuyente no obtiene ningún derecho o beneficio concreto a cambio de pagar 100, 1000 o 1 millón.

[2] En realidades como la del Perú, esto es más extremo que en otros países, debido a que la INFORMALIDAD impone una situación en que de cada 10 que producen riqueza, en el mejor de los casos 3 o 4 cumplen con declarar y pagar impuestos. Y cuando se trata del GASTO PÚBLICO, casi nunca beneficia a los contribuyentes cumplidos de manera relevante o proporcional a sus pagos.

[3] Suma de bienes, cuentas bancarias y otras manifestaciones de riqueza que le pertenecen al contribuyente.

[4] Desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

[5] Impuesto a las Transacciones Financieras, vigente desde el 2004, limitado a parte del sistema financiero nacional.

[6] Permite determinar los gastos basado en el DNI:  clubes, colegios, compras en general.

[7] Common Report Standar que permite acceder a las cuentas bancarias, entre otras, que los contribuyentes peruanos tengan en otras jurisdicciones que han suscrito dicho tratado.

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¿Por qué nos cobran impuestos?

Para los que ingenuamente creen que la respuesta es “justicia social” o “redistribución de riqueza”, el mensaje es simple (spoiler alert!!): NO.  Aunque tal afirmación resulte obvia para alguien del sector privado que paga impuestos (que no son ni 5 de cada 10 que produce riqueza equivalente, por cierto), podría considerarse una blasfemia para alguien del sector público, sobre todo cuando se han puesto la meta de aumentar la recaudación y la idea entre líneas es “el fin justifica los medios”. Lo que nos lleva a la pregunta de fondo: ¿Cuál es ese fin?

Que quede claro: El fisco NO es Robin Hood

Para muchos de los funcionarios públicos (los verdaderamente comprometidos) cobrar impuestos es un bien moral en sí mismo, que los hace sentir como modernos Robin Hoods que toman dinero de opulentas empresas y ricos desalmados, para llevarlo a los más recónditos rincones del país, donde la pobreza es extrema. Para la conciencia del recaudador esta imagen resulta definitivamente atractiva como un silencioso actor de justicia social y, confieso, yo mismo estuve seducido por ese canto de sirenas durante muchos años[1]. Pero cuando profundizas en el concepto detrás de estas creencias, entiendes que la distancia es muy corta para llegar a la peligrosa distorsión de que “el fin justifica los medios”.  

Mi amargo y muy público despertar lo viví junto a todos aquéllos con más de 30 años, cuando vimos el primer vladivideo[2]. Es difícil lograr una explicación más gráfica de la lamentable desviación de los fondos públicos. Una situación extrema, no hay duda, pero que impone la pregunta, ¿el destino de los impuestos es el bienestar social? No quiero entrar en temas políticos contra el gobierno de turno (cualquiera que éste fuera), pero en términos simples y aun ignorando la enorme variable de corrupción e ineficiencia del gobierno, la respuesta es NO. 

El mito de la justicia social

Hace algún tiempo leía en un libro una frase que decía “el mejor lugar para una mentira, es entre dos verdades”.

Es cierto que los impuestos podrían tener un fin loable y ayudar a redistribuir la riqueza, pero ¿lo hacen? Hagamos memoria de una propagada de SUNAT sobre un caso exitoso de Beca 18 que terminaba con la idea “sin tus impuestos, esto no hubiera sido posible”, pero esta es una verdad de alcance tan limitado que hace altamente discutible su generalización. Para entenderlo, solo hace falta ver la estructura del Presupuesto de la República y la respuesta caerá por su propio peso. 

El gasto público se usa en gran medida para pagar planillas infladas de un aparato estatal gigantesco e ineficiente (que ha servido por demasiados años para pagar favores políticos y no para generar bienestar a los contribuyentes, por pocos que seamos), intereses por deuda pública y subsidios ciegos cuyos beneficiarios casi nunca son las grandes mayorías (un gran ejemplo es el sistema de salud). A eso sumemos la corrupción o ineficiencia como motivo para desviar fondos.

El equilibrio de herramientas

La recaudación que el Estado obtiene del cobro de tributos es ciertamente una de las herramientas más importantes con las que el sector público cuenta para lograr objetivos de bienestar social. Pero ciertamente es eso, una herramienta, e indudablemente debe equilibrarse con otras que pueden ser más eficientes, como la generación de empleo, estabilidad económica, promoción de la inversión, entre otras. 

En el momento en que los impuestos se convierten en una amenaza para la generación de empleo, que está ligada con la inversión y que a su vez se liga con la estabilidad económica, estamos hablando de impuestos “malos”. Y es muy importante entender que estos desequilibrios pueden darse no solo por leyes mal diseñadas, sino también por una mala actuación de la administración tributaria.

El desequilibrio tributario

En papel, el sistema tributario peruano es simple y no desequilibrado, más allá de intentos de aumentos exagerados o inoportunos de impuestos. Sin embargo, en la realidad tiene un desequilibrio esencial basado en una doble mala actuación de la administración tributaria[3]:

  • Exceso de presión sobre el sector formal, traducido en fiscalizaciones constantes a grandes empresas y con determinaciones muchas veces basadas en formalismos poco razonables (firmas legalizadas, documentos que una empresa no suele tener, desconocimiento de la “realidad” de operaciones obvias, entre otros), sumado a un control a las personas naturales que tuvieron el desatino de no saber que el ITF los estaba controlando. De hecho, recientes estudios demuestran que Perú es uno de los países con mayor presión tributaria para el sector formal[4].
  • Descuido casi sospechoso de la gigantesca informalidad. La informalidad tributaria ha llegado a su punto más alto, el dinero de las actividades ilícitas como la minería ilegal y el contrabando ha roto récords históricos, pero de alguna manera las autoridades se las arreglan para no hacer nada, y decir que el problema son las grandes empresas[5]

En términos simples, el cobro de impuestos es una importante herramienta para la consecución de los fines del Estado, pero mitificarlo como “justo” o “moralmente correcto” es una distorsión de carácter político.  Se trata de una obligación legal que es cumplida por una minoría, y los esfuerzos del Estado por aumentar la recaudación, en vez de tomar medidas que reduzcan la ya debilitada inversión formal, debería estar orientada a combatir la masiva evasión y contrabando.


[1] Hace más de 20 años trabajé en la administración tributaria por varios años, con la principal tarea de diseñar, corregir y sustentar las modificaciones tributarias ante entidades privadas y ante casi todas las instancias del sector público, hasta su aprobación y posterior implementación. Estaba absolutamente convencido que cada “gran batalla” era en beneficio del país. En retrospectiva reconozco mis grandes dosis de ingenuidad, falta de conocimiento y ego, pero también pude confirmar que era un sentimiento compartido no sólo por los miembros de la administración tributaria peruana, sino por la de otros países con los que estudiábamos, trabajábamos y nos reuníamos.

[2] Ver en video como se entregaban millones de soles a políticos y empresarios. Sin perjuicio de las variadas emociones que provocó, era una prueba no de lo que pasaba específicamente con ESE gobierno en ESTE país, sino también en muchos gobiernos, en muchos países (quiero creer ingenuamente que no en todos).

[3] Quiero aclarar que esto no desmerece la existencia de la SUNAT, ni de sus funcionarios, pero pone una ENORME interrogante respecto a la dirección que ha tenido por lo menos en los últimos 15 años.

[4] Les adjunto un video en que desarrollamos este tema:  https://youtu.be/c0JZMfN4ikY?si=LUK7ywj2fSwEk0Oe

[5] Les adjunto algunos videos en que desarrollamos este tema:

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Muestreo de gastos deducibles

No es un método válido para desconocer gastos

En los últimos tiempos la SUNAT parece haberse “reactivado”, están llegando esquelas y requerimientos por todo Lima[1].  Lamentablemente parece que otra vez en lugar de “ampliar la base tributaria[2]” están revisando a los de siempre.  En esa línea, manteniendo sus métodos, usando un auditor se encuentra con partidas compuestas por muchas operaciones, trata de optimizar su tiempo haciendo muestreos para llegar a conclusiones.

Por ejemplo, en el caso de provisiones de cobranza dudosa, si el contribuyente ha deducido S/.1 millón, y este monto está compuesto por 1000 cuentas por cobrar, la SUNAT suele requerir el sustento de una “muestra”, es decir, pide que el contribuyente sustente 50 cuentas por cobrar[3], para ver si el contribuyente tiene los sustentos que la norma tributaria le exige[4].

El problema es qué pasa luego de la muestra.  Imaginemos que de las cincuenta cuentas por cobrar se acreditan válidamente 10 y 40 no[5] ¿qué sigue? 

Lo que sigue es que el auditor desconozca la deducción de las 40 provisiones, pero para desconocer la deducción del resto de provisiones deberá requerir el sustento de TODAS y así concluir cuáles cumplen con las condiciones de la norma tributaria y cuáles no.  Obviamente es trabajoso y muchas veces complicado para ambas partes (auditor y contribuyente). 

Pero esto no es lo que suele ocurrir, lo que ocurre es que el auditor basado en la muestra (50 cuentas por cobrar) saca conclusiones por todas las cuentas por cobrar (1000 en el ejemplo), y extrapolando[6] desconoce la deducción del resto de cuentas por cobrar NO auditadas.

Este tipo de conclusiones que se ven en casi todas las fiscalizaciones de empresas medianas y grandes no tienen sustento legal, y violan el derecho de defensa del contribuyente, como claramente lo ha indicado una reciente sentencia de la Corte Suprema[7].


[1]      Lima, no todo el país, como siempre es Lima y las medianas y grandes empresas o las personas que por ITF son cuestionada.

[2]      Recuerde que la informalidad tributaria supera el 55% de la economía peruana, y que, según encuestas publicadas en el 2023, en un comparativo con más de 20 países, en el Perú el contribuyente formal paga más impuestos en comparación a los otros países muestreados, lo que no es sorprendente, pero choca.

[3]      No cualesquiera, sino aquellas que el auditor indica en el requerimiento.

[4]      En el caso de la provisión de cobranza dudosa, que demuestre la causalidad de la cuenta por cobrar, que sea exigible, el motivo de la provisión (previsto en la norma), su detalle en el libro de inventarios y balances, y claro, que no están prohibidos.

[5]      A criterio del auditor claro, es posible que esté bien acreditado, pero el auditor no lo considere así.

[6]      Es decir, aplica sobre las provisiones no auditadas las conclusiones de las sí auditadas.

[7]      Casación N.° 23530-2023, Lima.