Se lee en las noticias que la recaudación tributaria está subiendo, lo cual es bueno, pero lo que no le dicen es que, aunque suba la recaudación, el gasto público ha subido mucho más. Sumemos a eso que estamos en un año electoral, y entre las peligrosas normas del Congreso que aumentan el gasto público y manosean peligrosamente el sistema tributario, está el factor que la actual gestión gubernamental está visualizando su culminación, y eso entre otros muchos factores está presionando a SUNAT a aumentar MÁS la recaudación.
Un enorme problema que venimos viendo ya unos años atrás es que la finalidad de la fiscalización de SUNAT ha girado de ser una función de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es lo correcto, y convertirse en una herramienta de aumentar la recaudación. Es decir, los auditores entran con una consigna de RECAUDAR, lo que se logra por supuesto con reparos a la declaración del contribuyente, usualmente, desconociendo gastos que las empresas han deducido.
En este último punto, ha tomando una dimensión preocupante y absurdamente amplia el cuestionamiento a la realidad de las adquisiciones de los contribuyentes. Como hemos comentado en publicaciones anteriores, la SUNAT desde hace varios años viene reparando la deducción de adquisición de bienes y servicios por ser “no fehacientes” o “no reales”.
Resulta claro que existen casos en que existiendo indicios para que exista una sospecha que la operación es no real, la SUNAT requiera y cuestione su deducción, pero eso ciertamente no es lo que está ocurriendo. Por lo menos en los últimos 10 meses se ve una clara tendencia de cuestionar la NO realidad de todo tipo de adquisición de bienes y servicios no importa si su proveedor es una empresa formal que ha pagado sus impuestos, se haya pagado con transferencia bancaria, está más allá de una duda razonable la existencia de los bienes o servicios cuestionados o que no exista ningún indicio que la operación sea no real. Se ha invertido la lógica, la SUNAT pide la PRUEBA de la realidad de servicios tales como contabilidades, legales, comisiones; adquisición de cualquier tipo de bienes, aun cuando los mismos hayan sido comercializados por el contribuyente requerido; la construcción de obras que el contribuyente ha entregado, cobrado y tributado por ellas.
En otras palabras, estamos en un momento de “recaudar por recaudar” y “cuestionar para recaudar”, lo que no sólo genera INSEGURIDAD JURIDICA generalizada, sino que pone en riesgo las inversiones requeridas para generar empleo formal y una futura recaudación.
